La sentencia penal se hizo definitiva después de que no se presentara ninguna apelación dentro del plazo legalmente prescrito. Tras la condena penal, el demandante presentó una demanda civil buscando una compensación de 1 millón de dirhams por daños materiales y morales, junto con un interés legal del 9% desde la fecha de la demanda hasta el pago completo. El demandante argumentó que los mensajes ofensivos dañaron su reputación profesional, causaron angustia psicológica y resultaron en pérdidas financieras, incluida la supuesta cancelación de su contrato de trabajo. Sin embargo, el tribunal señaló que el documento sobre la cancelación del permiso de trabajo del demandante databa de abril de 2024, anterior al incidente, y que no se presentaron pruebas suficientes para confirmar las ganancias perdidas o los gastos legales directamente vinculados con las acciones del demandado. Citando disposiciones de la ley de transacciones civiles, el tribunal afirmó que “todo daño causado a otro obliga al autor a indemnizar el daño”, incluido el daño moral que afecta a la reputación, la dignidad y el estatus social. Por lo tanto, el tribunal concedió 20,000 dirhams en concepto de daños materiales y morales combinados. También se ordenó al demandado que pagara un interés legal anual del 5% desde la fecha en que la sentencia se hizo definitiva hasta el pago completo, además de los costos judiciales y 300 dirhams en honorarios legales, de acuerdo con los principios establecidos de la Corte de Casación de Dubái. El tribunal también enfatizó que las sentencias penales definitivas son vinculantes en los procedimientos civiles, impidiendo que el tribunal civil revise la falta establecida. Si bien las acciones del demandado se consideraron ilícitas y causaron daño moral, las pruebas no respaldaban la plena extensión de las pérdidas materiales reclamadas. El Tribunal de Primera Instancia de Dubái ha ordenado a un hombre que pague 20,000 dirhams en compensación después de ser declarado culpable de insultar a otra persona a través de mensajes publicados en un grupo de WhatsApp. La resolución, presentada en una sesión pública el 25 de febrero de 2026, siguió a una sentencia penal definitiva que condenó al demandado por usar tecnología de la información para publicar comentarios difamatorios y ofensivos sobre el demandante. Los registros judiciales indican que la disputa surgió de mensajes enviados entre junio y julio de 2025, que incluían comentarios ofensivos como: “Dile por mi parte que es estúpido…”, “Todos son un grupo de idiotas…” y “Tenemos un depredador común”. En el caso penal, el demandado fue multado con 5,000 dirhams. También se ordenó al tribunal la confiscación del dispositivo utilizado, la eliminación del contenido ofensivo y una prohibición de tres meses para usar cualquier red de información.
